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“El derecho juega un papel fundamental en temas medioambientales”

Entrevista con María Dolores Sánchez, investigadora CONEX UC3M

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María Dolores Sánchez Galera (Valencia, 1976) investiga en el seno del Instituto "Pascual Madoz" del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el marco del programa CONEX, sobre los elementos y mecanismos de la Ciencia Jurídica para legislar sobre sostenibilidad y políticas medioambientales. Tras la reciente cumbre del G-7 en Taormina y a escasos días del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo 5 de junio, esta investigadora, especializada en Derecho Público Comparado y doctora por la Escuela Superior de Santa Ana, en Pisa, nos ofrece su visión sobre la importancia de integrar la legislación y la administración en todos los niveles decisorios de gobernanza (local, regional, nacional y europeo) para conceder a este campo un rango de importancia y prioridad similar al que gozan las políticas de bienestar social.

¿Cuál es el objetivo de su investigación?

Mi trabajo pretende profundizar en el proceso de transición europea hacia la ‘sostenibilidad’ a través del análisis normativo y conceptual que se esconde detrás de este paradigma.
¿Piensa centrarse en algún aspecto en particular?

A través de este estudio, estoy analizando cómo este paradigma ha influenciado la política energética de España e Italia. Entender el compromiso efectivo de la UE en este proceso es importante, pues en España e Italia, en concreto, más que en muchos otros países europeos, la política de la Unión ha determinado no sólo la construcción de un cuerpo normativo sustancial de derecho ambiental e incluso una “ambientalización” de las políticas energéticas, sino que ha impulsado y reforzado también el cumplimiento efectivo de muchos de los objetivos y compromisos políticos de esta política ambiental comunitaria.

¿Qué rasgos han definido esa política ambiental europea?

La política ambiental de la UE ha sido ambiciosa desde sus inicios y ha irradiado una ética ecológica en dos sistemas legales en los que era inexistente, y en esto España (en el binomio España-Italia) se lleva la peor parte. Hoy, la política de sostenibilidad europea está representada por un exitoso sistema de lucha contra el cambio climático y de política energética que no deja indiferente al resto de potencias a nivel global. No obstante, hay mucho camino por recorrer para poder alcanzar una verdadera transición, que no sólo debe ser energética. Los mayores retos los debe afrontar la sociedad en su conjunto. Aunque el derecho es fundamental en todo este proceso, la educación es un gran reto. Por esa razón, desde el punto de vista jurídico, también quiero afrontar la política educativa.

¿Qué entiende por sostenibilidad en el marco de su proyecto?

La sostenibilidad nace como un concepto inclusivo y flexible, a la vez que evasivo. Esto puede ser un punto fuerte para un concepto que es multidimensional y que está en constante evolución. La sostenibilidad, tal y como nos la presentaban las Naciones Unidas en los objetivos del Milenio y en la maravillosa iniciativa de Agenda 21, con grandes ambiciones ambientales, no es la “sostenibilidad” que nos presentó Naciones Unidas en el 2015, encapsulada en la agenda “Transforming the World” y en los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Hoy, sin haber perdido su esencial componente ecológico, la sostenibilidad se orienta hacia aspectos que integran una mayor lucha por la equidad social, la justicia económica, la difícil situación de las realidades urbanas, así como hacia una concienciación de la necesidad de incrementar la legitimidad de otros tipos de gobernanza y la defensa de los intereses de los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, empresas, comunidades indígenas, locales y sociedad civil en general.

¿Qué motivaciones le han conducido a desarrollar una investigación sobre esta temática?

Desde el inicio de mi vida académica, me han interesado principalmente tres cosas: el medio ambiente, la educación y la cultura, y las políticas sociales. En la sostenibilidad, carente de contenidos prescriptivos concretos, he encontrado un sector que - a pesar de su flexibilidad y su banalización, que han causado el riesgo de convertirlo en retórica -resulta muy estimulante para un jurista precisamente por la constatación de las dificultades prácticas para su concreción en normas. Además, tratándose de una noción que no es exclusivamente jurídica, me permite acercarme a temas que estimulan un diálogo multidisciplinar que considero fundamental para hacer ciencia en cualquier campo hoy día.

Usted se ha formado en universidades de España, Escocia e Italia. ¿Son muy diferentes las realidades jurídicas de estos países en esta materia?

Sí, también Estados Unidos y Holanda han sido lugares importantes en mi formación académica. Obviamente cada uno de estos países tiene su riqueza en su forma de afrontar esta temática desde el punto de vista jurídico. El sistema jurídico escocés tiene la virtud de ser un sistema mixto ‘common y civil law’ (como Québec, Sudáfrica o Lousiana). España e Italia son dos sistemas continentales de cultura jurídica occidental que arraigan sus bases en el derecho romano. Sucede lo mismo con Holanda. Por supuesto, gracias al proceso de integración europea, todos estos países han tenido la posibilidad de armonizarse y formar parte del proceso de construcción de un proyecto europeo común que ha aceptado el paradigma de la sostenibilidad en mayor o menor medida, a pesar de todas sus deficiencias y retos actuales. Hay países, como Alemania y Francia, que tienen una normativa más avanzada. El modelo alemán, con sus leyes sobre transición energética, renuncia paulatinamente a la energía nuclear, y posibilita las condiciones para que la energía renovable encuentre un marco jurídico favorable, superando así a países como España o Italia. EE.UU., por su parte, representa un modelo de cultura jurídica que no ha dejado de influenciar en la ciencia en general y en materia ambiental en particular, ya que la justicia ambiental nació allí.

¿Cuáles son los principales desafíos, desde la perspectiva jurídica, para incluir la sostenibilidad y el medioambiente en la agenda política, en un período en el que dirigentes de potencias tan destacadas como EE.UU. ponen en cuestión el acuerdo de París y la incidencia del hombre en el medioambiente?

Hoy en día, a pesar de que algunos estados federales cuentan con leyes muy avanzadas desde el punto de vista ambiental y climático, como California… con la llegada de Trump y los intereses económicos internos no sabemos qué sucederá con el acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, en el que Trump no ha mostrado ningún interés hasta la fecha. Creo que los principales desafíos jurídicos se centran en dar respuesta a transformaciones sociales que requieren regulación, un marco jurídico. El urbanismo, por ejemplo, a tenor del gran papel que tienen las ciudades en la transición hacia la sostenibilidad, es un gran reto. También lo es la movilidad y la capacitación de la sociedad civil y los gobiernos locales para el acceso a la gobernanza, a la información y a la justicia. La tecnología ya está a nuestro alcance, la legislación también, pero falta normativa concreta en algunos sectores para legitimar los cambios necesarios en la educación, y los comportamientos sociales en torno a la energía y la relación de los ciudadanos con la movilidad sostenible. Recientemente hablé de los desafíos en la agenda política ambiental europea en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y me referí a retos que están ligados a una agenda política llena de incertidumbres que pueblan la esfera global. El creciente aumento de movimientos “populistas” en la política, los problemas ligados a la seguridad internacional, y los flujos migratorios siguen siendo problemas ineludibles que cargan la agenda.

¿Qué metodología aplica en su investigación?

Soy una jurista que no pierde de vista un modelo de hacer ciencia interdisciplinariamente. Me dejo contaminar de otras ciencias y sectores, aunque a veces no sea fácil. En los temas que trato es inevitable.

¿Qué resultados espera obtener con este proyecto?

Tengo ya varios artículos publicados en revistas españolas y europeas, en inglés, en español e italiano. Tengo la ambición (tímida) de escribir algo más comprometido desde el punto de vista científico: un estudio dedicado al gran reto de la educación y la sostenibilidad, desde una perspectiva predominantemente jurídica, pero sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia.
¿Qué ventajas tiene investigar este tema en el marco de CONEX?

Supongo que sobre todo la libertad. No tengo carga docente durante los tres años que dura el proyecto y eso me permite dedicarme al cien por cien a mi investigación. Siendo una española que llevaba 20 años fuera de España, me ha concedido la oportunidad de volver a este país en calidad de investigadora y nutrirme de un ambiente universitario como el de la Carlos III y, en particular, enriquecerme de la calidad del departamento de Derecho Público del Estado, en el que me he integrado, y de los miembros del Instituto “Pascual Madoz”, que goza de liderazgo nacional en estas temáticas.

El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuáles cree que son los principales retos medioambientales y de qué manera se pueden abordar con eficacia desde el campo del Derecho?

El derecho juega un papel fundamental en estos temas. Desde el punto de vista jurídico, el aspecto más importante que introduce la sostenibilidad con respecto al ambiente es la naturaleza proactiva de su existencia. El Derecho ambiental siempre ha tenido un carácter defensivo. Es hora de que el cambio de paradigma que la ley está acogiendo en todos sus niveles de gobernanza vaya por delante para legitimar y provocar cambios de conciencia social, que son los más importantes para capacitar una cultura de transición hacia la sostenibilidad imbuida de una profunda ética ecológica.

El programa CONEX (CONnecting EXcellence) cuenta con el apoyo de la Unión Europea (acciones Marie Curie del 7PM, acuerdo de subvención nº 600371), del Ministerio de Economía y Competitividad (COFUND2014-51509), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (CEI-15-17) y del Banco Santander, a través de Santander Universidades.

@laquincena

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