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Además del acuerdo para la nueva bajada de impuestos

Disposiciones adoptadas en el Consejo de Gobierno de hoy

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La Comunidad destina 3,1 millones al fondo patrimonial de la Agencia para la Tutela de Adultos

La Comunidad apoya a mujeres embarazadas y madres sin recursos a través de los proyectos de Red Madre

El consejo aprueba regular los procesos de adjudicación de viviendas para el realojo de poblados chabolistas

Por último, se ha decidido que Canal destine 24 millones a la depuración de las aguas residuales en la cuenca del Guadarrama

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 3.190.751,50 euros como aportación en 2018 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), que permitirá seguir protegiendo a las personas que han sido incapacitadas judicialmente por diversos motivos. Dicha aportación, que supone el 50% de la dotación presupuestaria consignada para el presente ejercicio (6.381.503 euros, un 3 % más que en 2017), se considera necesaria, inicialmente, para atender las necesidades de financiación de la AMTA, sin perjuicio de que a lo largo del presente ejercicio, en función de las necesidades de financiación de la Agencia, sea precisa una nueva aportación. Este crecimiento presupuestario va a permitir dotar a la Agencia de más personal, respondiendo así al mayor incremento de las tutelas, además de cumplir uno de los objetivos prioritarios para el Gobierno regional previstos en el Plan Estratégico de AMTA 2016-2021.

La AMTA es un ente público con personalidad jurídica propia, dependiente de la Comunidad de Madrid, que se encarga de prestar la asistencia y protección social y jurídica a aquellas personas que han sido incapacitadas judicialmente (o están en proceso de incapacitación) y que residen en región. La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos es la entidad pública tutelar más grande de España. En la actualidad, gestiona 2.691 tutelas permanentes, 36 tutelas provisionales, 393 curatelas y 39 administraciones provisionales.

El perfil de las personas que usan el servicio de tutela de la Agencia es un 54 % mujeres y un 46 % hombres, con una media de edad de 60 años. Si se analizan las causas de incapacidad, la variedad de patologías existentes requiere un conocimiento específico y una intervención social diferente en cada caso. En cuanto a la capacidad económica, las personas tuteladas apenas tienen recursos económicos y casi el 65 % tiene menos de 10.000 euros anuales. Se trata de personas que no tienen recursos, a las que no solo hay que gestionarles plaza pública sino que también cualquier gasto que necesite tiene que ser apoyado por la Comunidad de Madrid.

Plan estratégico de la AMTA 2016-2021

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos cuenta con su primer Plan Estratégico para el período 2016-2021, donde se ha marcado la hoja de ruta de la Comunidad de Madrid en materia tutelar. Este Plan contempla cinco líneas de actuación dirigidas hacia la mejora de la atención a las personas tuteladas, la sensibilización y participación social, el asesoramiento, la formación y la especialización. La Comunidad de Madrid ya está trabajando en estas cinco líneas de actuación, poniendo en marcha medidas que dan respuesta a los objetivos planteados. Entre las medidas de mayor relevancia, el Plan Estratégico de la AMTA contempla la bajada de la ratio por profesional, con el objetivo de llegar a entre 35 y 40 personas tuteladas por trabajador social.

Asimismo, la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos está inmersa en un ambicioso proceso de modernización tecnológica, lo que está permitiendo optimizar y mejorar la labor que desarrolla. La Agencia cuenta con la aplicación de gestión de tutela denominada Peiton, que se ha convertido en un modelo para el resto de España. Gracias a esta aplicación se puede conocer en tiempo real todo lo referente a la persona tutelada de manera totalmente fiable.

La rendición de cuentas anual es el principal mecanismo de control por parte del Juzgado en el ejercicio del cargo por parte del tutor. La intervención del fiscal en el control judicial de las tutelas es fundamental y este innovador sistema de rendición de cuentas empleado por la Agencia ofrece una gran seguridad jurídica al no precisar de intervención humana en el proceso, lo que ha sido avalado tanto por los Juzgados como por la Fiscalía Superior de Madrid, con la que se ha firmado un Convenio por el que todos los fiscales pueden acceder a todo el expediente económico de las personas tutelados a través de sus ordenadores o dispositivos. Esto facilita enormemente su importante labor de fiscalización de la actividad del tutor.

En otra de las disposiciones la Comunidad de Madrid va a destinar 400.000 euros para mantener la Red Madre, integrada por entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos dirigidos a la atención de mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de hasta tres años, a través de la convocatoria de subvenciones para 2018 aprobada hoy por el Consejo de Gobierno. A esta convocatoria de subvenciones podrán concurrir aquellas entidades sin ánimo de lucro que puedan realizar proyectos destinados a asistir a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como al mantenimiento de una red de apoyo para estas mujeres con escasos recursos económicos y carentes de apoyos familiares.

Podrán contar con subvención las actuaciones dirigidas al alojamiento de estas mujeres y sus hijos menores de tres años, la puesta en marcha de programas socio-laborales para garantizar su autonomía personal frente a la vulnerabilidad o exclusión social, los servicios de cuidado y atención inmediata de los niños y sus madres, el asesoramiento legal o la orientación psicológica.

El importe destinado a la convocatoria de subvenciones de 2017 se ejecutó en su totalidad y permitió atender a 15.383 personas, de las que 12.622 fueron mujeres y 2.761 menores.

Además de estas ayudas, la Comunidad cuenta con dos centros maternales: la Residencia Norte y la Residencia Villa Paz, donde se acogió el pasado año a 140 personas, madres e hijos en situación de vulnerabilidad, con el fin de favorecer su integración social y sus habilidades con respecto a la maternidad.

Estos centros ofrecen diversos servicios a las residentes, como alojamiento temporal, manutención o un plan de intervención individualizado y adaptado a sus necesidades.

Asimismo, el Gobierno regional mantiene una extensa red de apoyo a la familia, a la paternidad y maternidad y a la mujer embarazada. En esta red, en la que participan varias entidades sociales, se incluyen Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) y subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para ayudas a embarazadas o madres con hijos de 0-3 años en riesgo de exclusión social.

Por otro lado el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se regulan los procedimientos de adjudicación y cambio de viviendas vinculadas a operaciones de realojo de poblados chabolistas cuyos derechos de propiedad o de uso corresponden a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de esta regulación es unificar los criterios y requisitos que rigen estas operaciones para que sean comunes a todas las actuaciones que se llevan a cabo en esta materia. No obstante, el decreto renuncia a incluir expresamente de esta regulación a las operaciones de realojo de la Cañada Real Galiana, que debido a sus especiales condiciones se regirá por su propia normativa.

Hasta el momento, la Comunidad procedía al realojo de las personas que habitan en estos núcleos por medio de los convenios que se suscribían con cada Ayuntamiento, en los que, tras realizar un censo, se exponían las condiciones del realojo. Con el texto aprobado hoy, los convenios seguirán existiendo y recogerán las acciones que llevará a cabo cada administración, pero habrá un marco normativo y jurídico único que regulará las pautas aplicables en los contratos de alquiler que suscriban las personas realojadas.

Entre los criterios que establece el decreto para acceder al realojo están acreditar una antigüedad de residencia dentro del término municipal donde se ubique el núcleo chabolista por el tiempo que se determine en el convenio, acreditar un periodo de residencia en la Comunidad de dos años anteriores a la firma del convenio, contar con ingresos familiares máximos de 3.5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o que ninguno de los miembros de la unidad familiar haya sido ya adjudicatario de vivienda pública. Aparte de casos aislados de personas de etnia gitana de nacionalidad rumana en algunas localidades, en la región apenas quedan ya el asentamiento de Las Sabinas, que afecta a los términos municipales de Móstoles y Arroyomolinos, y El Gallinero en Madrid capital, además del ya mencionado de la Cañada Real.

Por último, Canal de Isabel II va a destinar 23,9 millones de euros a la explotación y mantenimiento de las 16 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la cuenca del Guadarrama, en la zona oeste de la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de la propuesta de adjudicación de este contrato, que tiene una duración inicial de cuatro años, a los que se podría añadir una prórroga de tres meses. La propuesta deberá ser aprobada ahora por el Consejo de Administración de la empresa pública.

Este contrato permitirá la gestión de las 16 instalaciones que depuran las aguas residuales de localidades como Majadahonda, Boadilla del Monte, Batres, Colmenarejo, Villanueva de la Cañada, Móstoles, Las Rozas, Navalcarnero, Serranillos del Valle, Sevilla La Nueva, Villaviciosa de Odón, Villanueva del Pardillo, Brunete y Villafranca del Castillo. Algunas de estas depuradoras cuentan con tecnologías de última generación, como la de Arroyo Valenoso, en Boadilla del Monte, que trata las aguas residuales mediante un biorreactor con membranas de ultrafiltración.

Todas estas plantas tienen una capacidad instalada de tratamiento para atender las necesidades de cerca de 1 millón de habitantes equivalentes y, además, varias de ellas cuentan con tratamientos terciarios para la regeneración de agua depurada. De hecho, gracias al agua regenerada producida en estas instalaciones, el año pasado se ahorraron 1,65 millones de metros cúbicos de agua potable. La principal productora de agua regenerada, que sirve para riego de parques y jardines o para el baldeo de calles, fue la depuradora de Boadilla, donde se regeneraron 919.862 metros cúbicos de agua, un volumen equivalente al de tres Torres Picasso.

Además, Canal tiene previsto implantar en la EDAR Boadilla una instalación de microcogeneración eléctrica a partir de biogás, lo que, de manera indirecta, contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes y a combatir el cambio climático. Una medida que está en línea con la apuesta de la compañía por la eficiencia energética y el desarrollo de iniciativas para la producción de energía limpia aprovechando procesos que tengan sinergias con la gestión del ciclo integral del agua.

Eficiencia energética

Todas estas actuaciones se enmarcan en la línea 4 del Plan Estratégico 2018-2030 de Canal de Isabel II, para impulsar la calidad ambiental y la eficiencia energética. En ella se incluye el Plan de excelencia en depuración, que supone la puesta en marcha por parte de la empresa pública madrileña de programas de mejora de la calidad de los vertidos, la modelización de las plantas depuradoras o el control de vertidos industriales a la red de agua, colaborando así al buen estado de los ríos, más allá del mero cumplimiento legal.

Dentro de esta línea estratégica, y como plan estrella, Canal se ha fijado como objetivo lograr ser, en 2030, la primera empresa europea del sector del agua que produzca una cantidad de energía igual o superior a la que consume y hacerlo, además, a partir de fuentes renovables, como hidráulica, solar y biogás.

@laquincena

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