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El PSOE de Natalia De Andrés repartió irregularmente dividendos de EMGIASA para tapar el brutal agujero de 612 millones de euros que había creado en el Ayuntamiento sin conocimiento de los vecinos

El PP exigirá investigar por la sentencia que obliga a los vecinos de Alcorcón a pagar 15 millones de euros por la gestión del PSOE

La gestión del PSOE Alcorcón en EMGIASA le ha costado a los vecinos casi 100 millones de euros

Enrique Cascallana y Natalia de Andrés, algunos de cuyos familiares “casualmente” fueron adjudicatarios de viviendas en el Ensanche Sur, principales responsables de arruinar la ciudad

Tags relacionados: Alcorcón, Actualidad
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Recomendamos a Pedro Sánchez, que recientemente ha integrado a De Andrés en su comité, que, al menos, no le permita influir en asuntos que conlleven gestión económica alguna para no quebrar al PSOE

Tras la sentencia conocida el jueves y que hizo pública el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el Partido Popular, en la que aquel es condenado a pagar 15 millones de euros y a dejar de ingresar otros 15 por acuerdos adoptados en EMGIASA en los años 2009 y 2010, mientras gobernaba el PSOE, el Partido Popular de Alcorcón quiere poner de manifiesto lo siguiente:

1. La gestión de EMGIASA, empresa de la vivienda actualmente en liquidación, por parte de los socialistas Enrique Cascallana y Natalia de Andrés, va camino de costarle a los vecinos de Alcorcón 100 millones de euros. La reciente sentencia conocida ayer, que obliga a pagar al Ayuntamiento 15 millones de euros, y a dejar de ingresar de EMGIASA otros 15, debe sumarse a la que obligó al Consistorio a pagar casi 60 millones de euros por el justiprecio de las expropiaciones no pagadas completamente por el Gobierno socialista para construir las viviendas en el Ensanche Sur.

2. La última sentencia viene a declarar nulos acuerdos en los que EMGIASA, pese a su crítica situación financiera, estableció un reparto de dividendos al único accionista de la misma, el Ayuntamiento de Alcorcón, que ahora ha sido condenado al reintegro de los ya cobrados y a la anulación del cobro de los que se aprobaron. Queda patente, por tanto, que cada vez que Enrique Cascallana o Natalia de Andrés intervenían en cualquier aspecto de la gestión económica del Ayuntamiento, la consecuencia siempre era hacer pagar a los vecinos sus nefastas y negativas decisiones.

3. Desde el Partido Popular queremos resaltar, además, que familiares de ambos dirigentes socialistas “casualmente” fueron adjudicatarios de viviendas en el Ensanche Sur.

Cascallana y De Andrés, el “tándem de la ruina” de Alcorcón

No es desconocida ya para los vecinos de Alcorcón la ruina a la que abocaron a esta ciudad los socialistas Enrique Cascallana y Natalia De Andrés. A los casi 100 millones de euros de sentencias contra el Ayuntamiento por su gestión en EMGIASA, habría que sumarles otros 110 millones de euros que les costó a los vecinos la construcción del CREAA, un conjunto de nueve edificios cuyo proyecto carecía de viabilidad económica y funcional, y que, a día de hoy, y para su finalización, le costaría los ciudadanos de Alcorcón otros 40 millones de euros.

En definitiva, casi 250 millones de euros de entre pagos, deuda e inversión (más de un tercio de los 612 millones de euros que el Partido Popular se encontró de deuda en junio de 2011 cuando llegó al Gobierno) generados por malas decisiones de gestión y por una obsesión megalómana que llevó a construir un complejo que los propios vecinos no querían para Alcorcón.

Desconocemos qué nuevas “sorpresas” como estas deparan al Ayuntamiento de Alcorcón, al cargo de cuya gestión lleva el Partido Popular durante los últimos seis años con excelentes resultados, pero que decisiones pasadas del Gobierno socialista siguen retrasando la recuperación económico-financiera del Consistorio iniciada por el Gobierno Popular.

Sólo nos queda recomendar al Secretario General del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que aunque ya es inevitable el nombramiento de Natalia de Andrés en su comité nacional que, al menos, no le implique en cuestiones que tengan que ver con gestión económica alguna, salvo que quiera arruinar al Partido Socialista, condenándole así a su desaparición. Recordarle, también, que el fiscal pide cinco años de inhabilitación para su nuevo miembro (o “miembra”) de su comité.

@laquincena

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