Mientras se siguen reclamando soluciones para los vecinos afectados por las obras de la Línea 7B de Metro, el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, anunció esta mañana que el Ayuntamiento ha presentado esta semana una reclamación patrimonial a la Comunidad de Madrid «por todos los daños que han generado y están generando estas obras y la mala ejecución, en su día, de la infraestructura de Metro», según explicó el regidor. La reclamación se refiere a los daños provocados en espacios públicos, afectando a aceras, calzadas y elementos como el mobiliario urbano. El alcalde sanfernandino realizó esta anuncio frente a la Sala de Exposiciones «Juan Carlos I», incluida dentro del complejo «El Pilar», acompañado de vecinos, representantes de la Plataforma de Afectados por Metro y representantes de partidos políticos y concejales de la Corporación municipal, tanto del Gobierno local como de la oposición.

Esta reclamación patrimonial llega después de que la Comunidad de Madrid haya comunicado al Ayuntamiento de San Fernando que se va a proceder a la demolición de varios edificios incluidos en este complejo, concretamente, la Escuela de Idiomas y la Escuela de Adultos. Según detalló Corpa, las afecciones generadas como consecuencia de las obras del Metro ha obligado a cerrar dependencias municipales como la Escuela de Idiomas, que se trasladó a Coslada, la Casa de la Mujer, la Sala de Exposiciones y un Centro de Juventud, mientras que otros espacios, como la sede de dos concejalías, la Escuela de Adultos o la Escuela Infantil «El tambor» han tenido que trasladarse a una nueva ubicación.

«Pérdida de dotaciones públicas»

«Es cierto que estos edificios eran propiedad de la Comunidad Madrid, pero prestaban un servicio a los vecinos y vecinas de San Fernando», remarcó Corpa. Ante el anuncio de estos nuevos derribos, el alcalde insistió en que «no estamos dispuestos a que esta ciudad pierda dotaciones públicas» y reclamó alternativas al Gobierno regional para evitar esta pérdida: «Lo que pedimos desde el Ayuntamiento es que si la Comunidad de Madrid demuele estos edificios que prestaban servicio a los vecinos, los vuelva a construir en espacios donde el Ayuntamiento está dispuesto a hacer cesiones a la Comunidad de Madrid», declaró el regidor.

Por su parte, Hugo Carrasco, portavoz de la Plataforma de Afectados por Metro, afirmó que «seguimos contemplando con tristeza y atónitos el desarrollo de los acontecimientos». «Por mucho que insista el Gobierno regional, la presidenta Díaz Ayuso y el consejero David Pérez, las medidas que se están tomando en este municipio no están solucionando, ni de lejos, los problemas que ellos mismos han generado. Vamos a ver en las próximas semanas como se derriban otras diez viviendas de nuestras vecinas y vecinos, estamos viendo como el Gobierno regional está convirtiendo San Fernando de Henares en un gueto«, aseveró.

Plan Integral y realojo «voluntario, digno y consensuado»

Asimismo, también continúa sobre la mesa la reclamación, compartida por la Plataforma de Afectados por Metro, de la puesta en marcha del Plan Integral, aprobado en sede parlamentaria en diciembre de 2021, y la posibilidad de realojar a los vecinos que conviven con las obras de consolidación del terreno que se están acometiendo actualmente hasta que estas concluyan. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el alcalde recordó que, además de a los vecinos residentes en las zonas afectadas, la situación también está teniendo consecuencias importantes para «muchos autónomos de esta ciudad y muchos comercios, abocados al cierre sin que la Comunidad de Madrid les de una salida».

«Seguimos reivindicando el plan integral y la importancia de esa ley autonómica, como se aprobó en Barcelona en el barrio de El Carmel, que daría cobertura económica la Comunidad de Madrid para que estos vecinos y vecinas, hasta que sean indemnizados, puedan vivir dignamente y los negocios puedan cobrar un lucro cesante hasta que se les indemnice definitivamente», sentenció Corpa.

Desde la Plataforma de Afectados por Metro, Carrasco también reivindicó un «desalojo voluntario, digno y consensuado» para todos los vecinos residentes en el entorno de las obras. «Si ya es imposible convivir con unas obras que durante 12 horas al día hacen temblar los edificios, levantan polvo y ponen en riesgo la vida de las vecinas y vecinos, como bien vimos el 3 de enero en Plaza del Trébol, 8, a eso se va a sumar ahora la demolición de los edificios del complejo «El Pilar» y de diez viviendas más, con unos vecinos que van a estar al lado de las demoliciones y a los que no se les ofrece ningún tipo de alternativa», apuntó Carrasco.

Perspectivas a corto plazo

Ante este panorama, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir desde el Ayuntamiento? El alcalde, Javier Corpa, respondió a la pregunta de La Quincena mostrando su convencimiento de que el problema acabará en los juzgados. «Lo están planteando ya muchas familias, porque no puede ser el trato que les están dando en cuanto a las indemnizaciones a los afectados, pero el Ayuntamiento también acabará judicializándolo porque no nos va a quedar otra», afirmó.

El regidor también destacó que, si bien su origen se remonta 15 años atrás, el problema se ha agudizado en los últimos tres años, extendiéndose hasta calles como Virgen del Templo, La Báscula, Jardín o Nazario Calonge. «Hemos pasado de 60 o 70 viviendas afectadas en 2019, a más de 600 viviendas, y esto es un dato a la vista de todo el mundo», concluyó Corpa.

Por su parte desde la Plataforma de Afectados por Metro se sigue reclamando diálogo a la Comunidad de Madrid para buscar «soluciones reales» y advierten de que, en caso de no recibir respuesta, seguirán reivindicando esa solución en las calles. «Los afectados de Metro vamos a continuar movilizándonos y escalaremos en la movilización hasta donde sea necesario«, aseguró Carrasco.