La adjudicación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, en tela de juicio
La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Torrejón de Ardoz ha vuelto a generar enfrentamiento, dimes y diretes entre los miembros del equipo de Gobierno y la oposición, esta vez, con sentencia de por medio.En la mañana del pasado martes, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la localidad, Trinidad Rollán, hacía pública una sentencia al recurso que, desde el partido que lidera, interpusieron en febrero de 2008. "Nos han dado la razón y se ha puesto de manifiesto que el proceso de contratación de la gerencia de la EMVS estaba absolutamente plagado de irregularidades", afirmó Rollán.
Una de las primeras acciones que llevó a cabo el Gobierno local del PP, tras su victoria en las urnas, fue la creación de este organismo y, la gestión del mismo, fue otorgada a una empresa privada. Basándose en la sentencia, la portavoz socialista aseguró que esta diligencia "se efectuó a dedo y sin criterios objetivos" y aseguró que "lo que hay detrás de todo esto es un negocio millonario".
Por otro lado, Rollán insistió en que las actuaciones que ha emprendido la EMVS en la ciudad, como la creación de plazas de aparcamiento o la promoción de viviendas de protección pública, podrían haberse efectuado desde el propio Ayuntamiento "y no hubiesen costado ni un sólo euros a los vecinos" ya que, de acuerdo a los cálculos del PSOE, la empresa gestora de la EMVS podría recaudar, a finales de la presente legislatura, unos 12 millones de euros.
Asimismo, la líder socialista apostilló que otra de las "irregularidades", y siempre conforme a la citada sentencia, fue que la contratación de la empresa que gestiona este organismo se llevó a cabo "sin ninguna consignación en el presupuesto municipal" y añadió que, en la misma, "tampoco se establecía el precio cierto de la adjudicación, tan solo un porcentaje en comisiones para esta empresa que, concretamente, es del seis por ciento de todos los trabajos que le fuesen encargando a la EMVS".
Todas estas razones, tal y como manifestó Rollán, han concluido con una resolución "que anula todo el procedimiento de contratación, el expediente administrativo, los pliegos de condiciones y, en consecuencia, la anulación del contrato concreto con la empresa que, en estos momentos, lleva la gestión de la EMVS".
Además, desde el PSOE, en boca de su portavoz, han exigido la dimisión del gerente de este organismo municipal, Alberto Corella.
En respuesta
Por su parte, el vicealcalde, José Luis Navarro, salió al paso de estas acusaciones tildando de "absolutamente falso" que los proyectos que, hasta el momento, ha acometido la EMVS se hayan anulado o que esta empresa sea ilegal. En este sentido, el edil explicó que la sentencia, únicamente anula los pliegos de condiciones del contrato de asistencia ténica para la gestión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Por este motivo, desde el Gobierno local, alegó Navarro, "se va a subsanar, de forma inmediata, esta situación, adaptando los citados pliegos a las consideraciones del fallo, al margen de estudiar interponer un recurso".
El concejal reiteró que la misma empresa también opera en otros municipios de diferente signo político, como Rivas Vaciamadrid (IU) y, desde hace poco, en Coslada (PSOE) y afirmó que que ésta es una entidad creada "para llevar a cabo, de forma ágil, políticas de promoción". Además, Navarro "garantizó" la continuidad de las obras ya emprendidas por la EMVS, como es el caso de los pisos públicos que se enmarcan dentro del Plan Municipal 2008-2011 o los parkings del Plan 16.000.
Para el vicealcalde, la única intención del PSOE "es evitar que el Gobierno construya miles de plazas de aparcamiento subteráneo y de viviendas protegidas".
La sentencia
Desde el Grupo Muincipal Socialista remitieron a los medios de comunicación la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 de Madrid.
Según la misma, el Gobierno local no "justificó ausencia de medios" para la creación de la EMVS y también asegura que, en los pliegos "no existe un precio cierto ni referencial". El documento recoge, además, que hay "inexistencia de criterios para la adjudicación" y añade que "esta forma de artiuclar la adjudicación que realiza el pliego no puede considerarse, ni de lejos, que cumpla con las determinaciones de la Ley de Contratos pero, en todo caso, es incompatible con el propio funcionamiento de una administración objetiva, imparcial y al servicio del interés general".


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